Titel: Continúa la violencia en Ciudad Juárez
Verfasst am: So 02 März, 2003 5:38 pm
Von Christa
Verschoben: 19.8.2004
24.2.2003
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Español
Número 65 | Lunes 24 de febrero de 2003
Contenido
a.. En el Ajo: Continúa la violencia en Ciudad Juárez.
b.. En el ajo: Zapotecas presos en huelga de hambre. El caso de
Guevea de Humbolt.
c.. Informes: El informe del grupo de trabajo sobre detenciones
arbitrarias, recomendaciones que permanecen desatendidas por el Estado
Mexicano
d.. Para un... Léxico de la diversidad. Racismo: Rostro oscuro de la
modernidad.
e.. Agenda.
a.. EN EL AJO: CONTINÚA LA VIOLENCIA EN CIUDAD JUÁREZ.
Hace una semana fueron encontrados en Ciudad Juárez otros tres
cadáveres de mujeres asesinadas, ahora las víctimas son Juana Sandoval Reyna
de 17 años, Esmeralda Juárez Alarcón de 16 y Violeta Mabel Alvidres de 18,
como siempre, mujeres jóvenes y pobres, una de ellas trabajadora de un
comercio y las otras dos, estudiantes de una escuela de computación. Con
esto suman ya casi 300 mujeres asesinadas en esta ciudad durante los últimos
10 años, la mayor parte de ellas maltratadas y abusadas sexualmente antes de
su muerte y posteriormente abandonadas en terrenos baldíos.
Estos crímenes le vuelven a recordar a la sociedad que los asesinatos
de mujeres continúan y que los aproximadamente 300 casos registrados
permanecen en la impunidad debido a que las autoridades encargadas de
impartir justicia actúan con negligencia, ineptitud e indiferencia frente a
crímenes que por su naturaleza ofenden a la humanidad.
A principios de la semana pasada el Procurador de Justicia del estado
de Chihuahua, Jesús José Silva, declaró en conferencia de prensa desde el
lugar donde fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas que
?no está en manos de un Gobierno garantizar que estos crímenes no van a
seguir ocurriendo?, por lo que llamó a toda la comunidad a ?poner su
esfuerzo para poner un alto a estos homicidios?. Además, aseguró que el
resurgimiento de estos ataques no es atribuible a las autoridades estatales,
ya que es parte de la violencia mundial que afecta a varios países y agregó
?en Estados Unidos hay francotiradores a quienes detienen y siguen los
asesinatos, hay robo de carros, violaciones y, por qué no decirlo, hasta
asesinatos de mujeres?.1
Es indignante que las autoridades encargadas de impartir justicia
hagan este tipo de declaraciones y pretendan desentenderse de las
obligaciones que les da su cargo e ignorar su responsabilidad frente a todos
estos asesinatos. No hay que olvidar que el Estado mexicano es responsable
por omisión de todos los crímenes de mujeres que permanecen impunes, y
también de más de 300 casos de mujeres desaparecidas en el estado.
A lo largo de estos 10 años las diferentes administraciones locales ha
demostrado su ineptitud, su falta de voluntad política y su frivolidad e
indiferencia frente a la vida de tantas mujeres. Si hacemos un recuento de
su actuación vemos que en vez de castigar a los culpables y hacerle justicia
a las víctimas y a sus familiares, las autoridades han intentado culpar a
las mujeres muertas de sus propios asesinatos, pues las han caracterizado
como mujeres con conductas amorales ?toda vez que asisten a altas horas de
la noche a centros de diversión no aptos para su edad?, o bien, han
concluido que los asesinatos tienen que ver con la falta de atención y
descuido del núcleo familiar en el que han crecido2. Por su parte, el
gobierno federal ha mantenido un pernicioso silencio frente al caso y su
omisión ha perpetuado la situación de violencia en el estado.
Asimismo, vemos que las autoridades han intentado encobrir su
ineptitud, fabricando culpables mediante tortura, es el caso de Gustavo
González alias ?La Foca? y Víctor Manuel García, dos chóferes acusados en
diciembre de 2001 de haber violado y asesinado a 8 mujeres, y declarados
culpables luego de ser torturados para que firmaran una declaración
inculpatoria. Como sabemos, el 8 de febrero pasado, Gustavo González fue
hallado muerto en su celda en la Prisión de Máxima Seguridad de Chihuahua
después de haber sido operado ?sin que él lo hubiera solicitado- de una
hernia causada por la tortura a la que fue sometido. Sin duda, un hecho que
ensombrece todavía más el caso de las mujeres asesinadas en Juárez.
Hemos visto también, que muchas veces las autoridades en vez de
perseguir a los asesinos y esclarecer los crímenes, han preferido hostigar a
los abogados y familiares de los detenidos y a todas aquellas activistas que
desde hace una década vienen luchado contra la impunidad. Por ejemplo, un
día antes de que Víctor González apareciera muerto en su celda, presuntos
agentes judiciales amenazaron a Miriam García, esposa del otro chofer
detenido y le dijeron que si asistía al evento en el que iba a estar
presente Eve Ensler, dramaturga y activista internacional contra la
violencia hacia las mujeres, ?su marido lo pagaría?.
La impunidad en la que permanecen los crímenes de Ciudad Juárez
revelan el poco valor que tiene para las autoridades la vida de estas
mujeres, además, estos asesinatos constituyen un acto profundo de
discriminación contra el género femenino, puesto que cualquier tipo de
violencia contra las mujeres tiene como consecuencia el menoscabo o la
anulación del ejercicio de los derechos humanos, en este caso, el derecho a
la vida, a la integridad personal y a la justicia.
Por todo lo anterior, condenamos la actuación gubernamental frente al
caso de los asesinatos de Juárez y exigimos que asuma cabalmente sus
obligaciones como Estado responsable de asegurar el respeto a los derechos
humanos, para esto será necesario que los tres niveles de gobierno se
coordinen, que se atraigan los casos al fuero federal, que se determinen
líneas claras de investigación, que se implementen campañas efectivas para
prevenir la violencia contra las mujeres, que se actúe con el debido cuidado
en las investigaciones y que se informe sobre el cumplimiento de las
recomendaciones internacionales que ha recibido.3
INDICE
a.. EN EL AJO: ZAPOTECAS PRESOS EN HUELGA DE HAMBRE. EL CASO DE
GUEVEA DE HUMBOLT.
En la lucha por el derecho a ejercer su libre determinación numerosos
indígenas han sido blanco de violaciones a sus derechos humanos. Es el caso
de Edmundo Espinosa, Santiago Guzmán, Leopoldo Álvarez, Miguel Álvarez,
Amado Castro, Seferino Velásquez y Emiliano Morales, todos ellos zapotecas
originarios del municipio de Guevea de Humboldt y actualmente presos
injustamente por un conflicto con los caciques locales, derivado del intento
por democratizar su municipio y hacer valer su normatividad para elegir a
sus autoridades.
De acuerdo con los propios afectados, el conflicto en Guevea de
Humboldt se remonta por lo menos una década atrás, tiempo en el que se han
acumulado una lista larga de agravios contra los indígenas del lugar4. Por
ejemplo, en 1992 apoyado por el Partido Revolucionario Institucional fue
impuesto como presidente municipal Heriberto Orozco, quien con el pretexto
de guardar la seguridad del municipio, solicitó la instalación de un retén
militar y policiaco que, mediante cateos y detenciones, se dedicó a hostigar
y atemorizar a la población del municipio. Además, allanó las instalaciones
de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, organización en
la que militaban la mayor parte de los cafeticultores ahora presos.
En 1995 los habitantes de Guevea de Humboldt lograron organizarse para
elegir a sus autoridades para el periodo 1996-1998, sin embargo, el entonces
presidente municipal desconoció la Asamblea electoral y al cabildo electo, y
se apropió de algunos bienes municipales como mobiliario, archivos, sellos y
vehículos del ayuntamiento. Con el apoyo del pueblo, las autoridades electas
le exigieron la devolución de lo robado y le indicaron que de no hacerlo,
sería sancionado con un arresto de tres días de cárcel, lo que era ante todo
una sanción de carácter moral por apropiarse de bienes de la colectividad,
que en ningún momento vulneraba sus garantías individuales. Una vez
liberado, el expresidente municipal interpuso una denuncia ante el
Ministerio Público por los delitos de robo, lesiones, asalto y privación
ilegal de la libertad.
Varios años después fue asesinado Heriberto Orozco. Sin previamente
realizar una investigación seria y apegada a derecho, las autoridades del
Juzgado Penal de Tehuantepec libraron 22 órdenes de aprehensión contra
algunos de los indígenas que en el pasado se opusieron al cacicazgo de
Orozco, como si estos hechos tuvieran una relación directa con la detención
del expresidente municipal en 1996. Desde entonces, nueve personas
permanecen en prisión y están siendo procesadas sin ningún apego a la ley
por los delitos de homicidio, asalto y lesiones, violándose así sus derechos
a la justicia, a la libertad y a la integridad personal.
Los acusados no tuvieron acceso a un juicio rápido, sencillo, idóneo y
efectivo que permitiera el esclarecimiento de los hechos y la
identificación, procesamiento y sanción de los verdaderos responsables. Más
bien, el proceso ha estado lleno de irregularidades, entre las que destaca
la negación del derecho a un intérprete ?siendo que los acusados no hablan
español- y el sometimiento de dos detenidos a prácticas de tortura, cuyas
secuelas aún son visibles.
Es evidente que las acciones penales que supuestamente se derivaron de
los delitos de los que se les acusa, son en realidad un acto represivo
contra un pueblo que ha intentado ejercer su derecho a la libre
determinación y ha intentado gobernarse con base a su propia normatividad.
Resulta inadmisible que las autoridades responsables de impartir justicia
deriven acciones penales de lo que es en realidad un conflicto
político-electoral por el control del ayuntamiento. Además, es sumamente
preocupante que aquellos indígenas que luchan por su legítimo derecho a la
libre determinación se conviertan en un blanco constante de violaciones a
los derechos humanos.
El martes 18 de febrero cuatro de los nueve indígenas zapotecas de
Guevea de Humboldt que se encuentran en el Reclusorio Regional de
Tehuantepec y algunos de sus familiares, decidieron como medida desesperada
iniciar una huelga de hambre para dar a conocer a la sociedad las
irregularidades del proceso penal que se les inició. Los indígenas recluidos
denunciaron que desde que comenzaron su ayuno han sido hostigados por las
autoridades del penal; por ejemplo, los mantuvieron de pie durante todo un
día afuera de las oficinas del director, fueron trasladados al área
preventiva ?mejor conocida como Celda de Castigo-, fueron presionados para
que rompieran su ayuno, se impidió el paso a sus familiares argumentando que
son un ?grupo incitador? y les fueron arrebatadas sus camisetas alusivas a
la huelga. Asimismo, la Secretaria Judicial del Juzgado Penal de Tehuantepec
los amenazó con trasladarlos a otro reclusorio por no haberle avisado
previamente de la huelga.
Por todo lo anterior, exhortamos a los gobiernos estatal y federal a
tomar las medidas necesarias para liberar a los indígenas recluidos
injustamente, reparar el daño y sancionar a quienes torturaron a los
detenidos e incurrieron en faltas durante el proceso. Además, exigimos el
respeto absoluto a todos aquellos municipios que luchan por ejercer su
derecho a la libre determinación y que han adoptado el sistema de usos y
costumbres para regir su ayuntamiento.
INDICE
a.. INFORMES: EL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETENCIONES
ARBITRARIAS, RECOMENDACIONES QUE PERMANECEN DESATENDIDAS POR EL ESTADO
MEXICANO.
El reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
de Naciones Unidas sobre su visita a México, realizada del 27 de octubre al
10 de noviembre de 2002, da cuenta de los grandes pendientes en materia de
justicia que, a dos años de la administración de Fox, continúan sin ser
atendidos (E/CN.4/2003/8/Add3).
En dicho informe, el Grupo de Trabajo reconoce algunos avances
generales realizados por México, tales como centrar la política exterior
mexicana en la defensa de los derechos humanos, la ratificación de
instrumentos internacionales y el establecimiento de una oficina del Alto
Comisionado en México. Sin embargo, el informe resalta también los pocos
cambios relativos a la reforma del sistema de justicia en México, cuya
importancia debiera constituir una de las prioridades nacionales de la
actual administración.
Motivos de preocupación.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias se
señalan como preocupaciones:
a.. la ausencia de una norma que establezca la presunción de
inocencia, lo que tiende a invertir de facto la carga de la prueba (Para.
38). Así mismo, señala que el supuesto de flagrancia equiparada que se
utiliza en México es incompatible con el principio de presunción de
inocencia y genera riesgos de detenciones arbitrarias (Para 39).
b.. El que la mayoría de las detenciones arbitrarias parecen
resultar del recurso frecuente de redadas, así como los arrestos basados en
?denuncias anónimas? o a ?actitudes sospechosas? y que la posible
combinación de estas prácticas con la eventual campaña a favor de la
?tolerancia cero? corre el riesgo de agravar los efectos nefastos de estas
detenciones (Para 42).
En relación con el régimen de ejecución de la pena, el Grupo de
Trabajo manifestó preocupación por:
a.. la duración efectiva de las penas es decidida en última
instancia por las autoridades administrativas a las que la ley les confiere
la facultad de modificar sustancialmente las penas sin control judicial
ordinario (Para 43).
b.. Así mismo señala que persisten graves deficiencias en las
defensorías de oficio (Para. 52).
En cuanto a la justicia para menores, señala:
a.. que los mínimos de la edad penal contravienen lo dispuesto por
la Convención sobre Derechos del Niño en la mayoría de las entidades
federativas (Para. 57).
b.. que existe una impunidad notoria en relación a algunos
responsables de las detenciones arbitrarias (Para. 62)
c.. que aunque los mecanismos de control son más eficaces que
anteriormente, la detención arbitraria no está debidamente tipificada en la
ley federal y que el Grupo de Trabajo no tuvo conocimiento de agentes
públicos procesados y castigados por esta violación a pesar de ser una de
las principales quejas de violaciones a los derechos humanos (Para. 63).
Recomendaciones.
Las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo (Para. 72),
reafirman y actualizan las que ya han formulado tanto la Relatora sobre
Ejecuciones Extrajudiciales, como los relatores sobre Tortura e
Independencia de Jueces y Abogados; el Comité contra la Tortura y el Comité
de Derechos Humanos todos ellos de Naciones Unidas, así como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Dichas recomendaciones no han sido
atendidas por este gobierno a pesar de su discurso de compromiso con los
derechos humanos, y entre ellas se encuentran:
a.. Modificar la legislación interna para adaptarla a las normas
internacionales en especial en cuanto a presunción de inocencia, la
flagrancia, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves,
así como los beneficios de la preliberación. Modificar el amparo, tipificar
penalmente la detención arbitraria y prohibir la utilización de automóviles
sin placas por los agentes encargados de la aplicación de las leyes.
b.. Abrir un debate a profundidad sobre la necesidad de la reforma
al sistema penal y procesal penal y a las atribuciones parajurisdiccionales
del Ministerio Público.
c.. Realizar las reformas necesarias para adaptar la legislación
interna sobre la niñez a las normas internacionales sobre justicia a
menores.
d.. Mejorar el sistema de defensa pública y defensoría de oficio.
Mejorar las condiciones de comunicación con el defensor y establecer
garantías para permitir que el detenido sea respetado en su dignidad, sin
estar detrás de una reja en las audiencias, y haciendo la audiencia
efectivamente abierta al público
Observar una estricta separación entre tareas militares y tareas
policiales en funciones de orden público.
Revisar de manera extensiva los abusos del pasado en que ha habido
detenciones arbitrarias de personas. Dado que las desapariciones forzadas
cometidas por militares en el pasado constituyen violaciones graves de los
derechos humanos, deben ser de competencia de la jurisdicción civil
ordinaria.
a.. Respeto de garantías de debido proceso en el combate a la
corrupción, y que en los hechos de corrupción cometidos por militares sean
juzgados en el futuro por tribunales civiles ordinarios.
b.. Reforzar los procedimientos de control de los servidores
públicos, especialmente los procedimientos de control interno.
El Centro Prodh considera particularmente importante la recomendación
sobre las desapariciones forzadas cometidas por militares, las cuales deben
ser de competencia de la jurisdicción civil ordinaria sobre todo en estos
momentos en los que la administración del presidente Fox ha optado por que
los juicios contra los Generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, como
responsables por 143 desapariciones en los años setentas, sean llevados a
cabo por la Procuraduría Militar.
Así mismo, resaltamos la recomendación en el sentido de que se observe
una ?estricta separación entre tareas militares y tareas policiales en
funciones de orden público?. A pesar de que recomendaciones similares han
sido emitidas por la Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la administración del Presidente Vicente Fox ha colocado
en la Procuraduría General de la República a un militar, y gran parte del
personal que ocupa altos mandos en materia de procuración de justicia son
militares, contraviniendo estas recomendaciones. De igual forma, los cuerpos
policiacos de seguridad pública, como la Policía Federal Preventiva,
continúan militarizándose.
La retórica foxista empleada tanto en escenarios internacionales como
en los nacionales, ha sido presuntuosa de una voluntad política dispuesta a
cumplir con los compromisos en materia de derechos humanos. No obstante y a
pesar de la apertura a la observación internacional, las recomendaciones
emitidas por los órganos expertos en derechos humanos que han visitado
nuestro país permanecen desoídas por el gobierno actual. La persistencia de
esta situación estaría colocando en grave riesgo la credibilidad del
Gobierno sobre su manifiesta voluntad política, y todavía más grave,
perpetuaría la sistemática injusticia producida por las irregularidades
estructurales que permean el ámbito del sistema de justicia mexicano,
central para el avance hacia un Estado justo, democrático y garante de los
derechos humanos.
El informe completo del GT se puede consultar en nuestra Web
INDICE
a.. PARA UN... LÉXICO DE LA DIVERSIDAD. RACISMO: ROSTRO OSCURO DE LA
MODERNIDAD.
"he aprendido a respetar las ideas de los otros, a detenerme de frente
al secreto de cada conciencia, a entender antes de discutir y a discutir
antes de condenar. Y porque estoy en vena de confesiones, hago una última,
quizá superflua: detesto a los fanáticos con toda mi alma": Norberto Bobbio.
Isidro H. Cisneros5
El racismo es una teoría falsa y una práctica asesina. La ?Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial? (1965) define al racismo como toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
Desde su creación el sistema de las Naciones Unidas ha elaborado un buen
número de medidas para combatir la discriminación racial y la violencia
política. Más de medio siglo después de la derrota del nazismo, suena por
todo el mundo el fragor de guerras sostenidas en el nombre de la
purificación étnica. El racismo, el odio étnico y las ?guerras de identidad?
se extienden sin límite por la superficie del planeta. La preferencia étnica
y comunitaria parece triunfar sobre los grandes ideales universalistas. Los
criterios ideológicos retroceden ante los nacionalismos más regresivos. El
racismo es en consecuencia un comportamiento individual y colectivo de
rechazo del ser humano ?diferente?, un discurso teórico sobre la existencia
de razas y, al mismo tiempo, su puesta en práctica. El oscurantismo que
representan los dogmas, las verdades absolutas y el fanatismo está en la
base de las distintas formas de segregación que se desarrollan en pleno
siglo XXI en el planeta. Estas exclusiones en muchos sentidos hoy
constituyen nuevas formas de autoritarismo. El racismo no siempre es el
resultado de una acción concertada sino que puede ocurrir de manera casi
accidental, en buena medida espontánea, que se autoreproduce al interior de
la sociedad: el racismo tiene una ?versatilidad estratégica? en sus formas,
en sus contenidos y en sus mecanismos.
Tanto la segregación y la discriminación como el racismo y la
marginación representan formas extremas de intolerancia cultural. Con el
término «racismo» se hace referencia a un conjunto de teorías y
comportamientos fundados en una doble suposición: 1) que las manifestaciones
culturales y las acciones históricas de los personas dependen de la raza, y
2) que existe una raza superior a la que le corresponde la función de
dominio sobre otras razas inferiores, es decir, el resto de la humanidad. Es
posible incluso imaginar una ?Arqueología del Racismo? sobre todo por cuanto
se refiere a la historia del comercio de esclavos y a la ideología del
racismo anti-negro. El racismo en cuanto comportamiento se funda en
exigencias de naturaleza irracional, se basa en esquemas mentales acríticos
y rígidos y muchas de sus manifestaciones contemporáneas son veladas,
discretas, simbólicas, "de guante blanco", es decir, a través de estigmas,
prejuicios o estereotipos socialmente arraigados. El racismo es una de las
expresiones más acabadas de la intolerancia en la modernidad.
INDICE
a.. Agenda
Del 24 al 28 de febrero: Se llevará a cabo el 117º Periodo Ordinario
de Sesiones de la CIDH. En lo que respecta a México tendrán lugar las
audiencias sobre Digna Ochoa, Ciudad Juárez y Situación de Impunidad.
Asimismo, el día 26 de febrero se llevarán acabo las Reuniones de Trabajo
para tratar los casos de Víctor Pineda, Modesto Patolzin, Gregorio Alfonso,
José Alberto Guadarrama, Reyes Penagos y Sabino Díaz.
1 de marzo: Reunión Nacional del Comité Mexicano de la Campaña
Continental Contra el ALCA. A partir de las 10:00 en las instalaciones del
FAL, Godard #20. Mayores informes
http://www.noalca.org
PIES DE PÁGINA:
1.-Marisela Ortega y Enrique Lomas, ?Ofrecen recompensa en Juárez?,
Reforma (19/02/03)
2.-Informe redactado por Sonia del Valle. Consultalo aquí.
3.-Mayor información sobre el caso de las mujeres de Juárez en Cimac
noticias
4.-Información recabada del Boletín de Prensa emitido el día 18 de
febrero por el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec,
A.C.
5.-Politólogo. Profesor-Investigador FLACSO-México.
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte)